Los paraísos
monetarios

 “Las criptomonedas favorecen las actividades ilícitas”. 

Es habitual leer ese tipo de definiciones en las primeras páginas de los diarios o con el mayor tamaño de letra posible en los portales. Lo que no es tan habitual es encontrar la fuente de este tipo de información ni las aclaraciones que las refutan. Las desmentidas, lo sabemos, suelen ser pequeñas y aparecer en el lugar más recóndito de la publicación que debe realizarlas. Y esto es, de hecho, ni más ni menos que lo que quieren los gobernantes, preocupados por intentar controlar algo que no pueden: la libertad de intercambiar dinero en un formato digital, un formato que -al menos por el momento- está más allá de lo que pueden controlar.

De eso se trata esa frase. Y de eso se trata esta nueva edición: de cómo los Estados atacan discursivamente al Bitcoin y las demás criptomonedas para poder controlarlas y, sobre todo controlar a quienes las intercambian, con un fin claramente tributario.

Aunque en una primera mirada no lo parezca, las criptomonedas tienen mucho, muchísimo que ver con las jurisdicciones offshore. ¿Por qué? Porque las atraviesan los mismos prejuicios, los mismos recelos y la misma desinformación. Al igual que los llamados “paraísos fiscales”, las criptomonedas no cuentan con una regulación estándar en todos los países y eso enloquece a ciertos Estados. Algunos, en su intención de controlarlos, se escudan en la necesidad de proteger a los ciudadanos de posibles estafas (como ocurre en Turquía, que a partir del 30 de abril prohibió las criptomonedas); otros, en la importancia de prevenir el lavado de activos, como se desliza en parte de esta nota de La Nación. ¿Cuál es la realidad? Que el lavado, el crimen económico, el ocultamiento e intercambio de dinero obtenido de manera ilícita ocurre más en las transacciones “normales” que en las que los propios Estados buscan controlar, acusándolas de ilegales. La corrupción paga en efectivo; esto es algo que sabe todo el mundo.

Otra similitud entre los paraísos fiscales y las criptomonedas son el respeto de ambos hacia la privacidad de quienes los usan.

Hasta acá, podrán decir que se trata de una mirada, de una opinión. Pero las opiniones se respaldan con historia y también, desde ya, con datos.

Se puede lavar dinero con simple efectivo, con joyas, oro, arte, bienes raíces, negocios simulados, documentales y todo lo que tenga valor y sea imaginable. Y eso es de hecho lo que se hace: se lava más dinero por fuera del mundo de las billeteras virtuales. A principios de año, desde el equipo del electo presidente Joe Biden sostuvieron que las criptomonedas eran una preocupación por sus altas tasas delictivas. Como bien muestra este artículo de la revista Forbes (en inglés), todo esto forma parte de una falsa narrativa: según un informe de 2021 de Chainalysis, en 2019 la actividad delictiva representó el 2,1 de todo el volumen de transacciones de criptomonedas. Y en 2020, esa participación en el crimen cayó a 0,34%, cuando según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial está relacionado con el lavado de dinero y la actividad ilícita.

Bastan cuatro líneas para terminar con esa narrativa: no sólo es menor el porcentaje de actividad delictiva que se realiza con criptomonedas que con la moneda fiduciaria, sino que además ese porcentaje viene en caída.

Pueden ver además esta nota (en inglés) de Forbes que cuenta el trabajo realizado por Michael Morell, un veterano de 33 años en la CIA, para derribar con información los ataques del gobierno estadounidense contra las criptomonedas.

También un informe de 2020 de SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) sostiene que “los casos de lavado a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales”.

Bastan cuatro líneas para terminar con esa narrativa: no sólo es menor el porcentaje de actividad delictiva que se realiza con criptomonedas que con la moneda fiduciaria, sino que además ese porcentaje viene en caída.

Pueden ver además esta nota (en inglés) de Forbes que cuenta el trabajo realizado por Michael Morell, un veterano de 33 años en la CIA, para derribar con información los ataques del gobierno estadounidense contra las criptomonedas.

También un informe de 2020 de SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) sostiene que “los casos de lavado a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales”.

Parece bastante claro. Lo que quizá no termine de entenderse es por qué los Estados querrían avanzar contra las criptomonedas, con todos los beneficios que proponen. Y ahí vuelven al centro de la escena las jurisdicciones offshore: lo que se busca, en nombre de cierta transparencia, es avanzar sobre la privacidad de las personas.

Al igual que los “paraísos fiscales”, estos “paraísos monetarios” ponen en riesgo los réditos económicos que los Estados pueden obtener de sus “súbditos”, los pagadores de impuestos. Lo que para el inversor o pagador de impuestos puede resultar un paraíso (principalmente, mantener la privacidad; en segundo término, evitar quitas confiscatorias y, tercero, proteger su patrimonio de la inestabilidad política y de la baja o nula seguridad que ofrece muchos Estados, sobre todo en la región), para el Estado es un infierno: se queda sin la posibilidad de hurgar en la vida y en las transacciones de las personas. Los motivos son claros: fiscales. Lo que no pueden lograr con su eficacia como gobernantes, necesitan lograrlo gracias a la eficacia de las personas.

Como ya he dicho muchas veces, no se trata de permitir que los criminales hagan lo que quieran. Hay que combatir el crimen en todas sus formas y con tanta fuerza y agresividad como sea posible. Hay que regular la actividad financiera para que la información sea accesible para las autoridades de países serios, siempre bajo estrictas condiciones y parámetros. Pero en nombre de la investigación contra el lavado, no podemos ser invadidos por los Estados o autoridades fiscales quienes no somos criminales, ni podemos permitir que nuestra información sea pública ni se comparta con países de baja o nula seguridad jurídica. Eso es mucho más importante, siempre: nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la libertad. Siempre hemos estado, y siempre estaremos, en contra de que cualquier sistema que -en nombre de objetivos mas altos- haga pagar a justos por pecadores. Prefiero un culpable suelto que un inocente preso. Pero esta ni siquiera es la discusión aquí, la misma tecnología que está detrás de las criptomonedas (el famoso “blockchain”) y que en mi opinión completa la cuarta revolución industrial que comenzó con la creación de internet, permite a los Estados combatir el crimen con mayor eficacia.