Van a tener que disculparme. Hasta tengo que disculparme a mí mismo por usar una cita atribuida a Karl Marx para comenzar una edición de mi newsletter: la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa.¡Es que no me la hacen fácil! Y miren que no soy el único que viene alertando sobre lo mismo: no se puede jugar al blanqueo cada dos por tres. Lo hizo el kirchnerismo. Lo hizo el macrismo. Lo hizo el libertarianismo de Milei. Y ahora vuelve a hacerlo, pero de una manera todavía más burda o impúdica, totalmente por fuera de los canales formales de una república e incentivando el vale todo, el hacer lo que a cada uno le dé la gana sin importar de dónde viene el dinero, sin “dejar los dedos marcados” (textual del presidente).

¿Pueden las nuevas regulaciones ayudar a que algunas personas saquen–como pretende el gobierno– los dólares del colchón? En lo personal, no creo que muevan el amperímetro, pero de todos modos no es lo que me interesa. Incluso si muchos lo hicieran, el problema es otro: ¿cuál es la seguridad que le damos a la ciudadanía cuando cada gobierno, y en este caso el mismo que ya lo hizo, propone un blanqueo de capitales para intentar recuperar algo del dinero que la desconfianza -en esto sí tiene razón Milei- en el país llevó hacia otros refugios? De eso quiero hablarles hoy. De seguridad.

La respuesta es bastante obvia, lo sé. No hay seguridad alguna. Y en este caso, al plantearse por fuera del Congreso, jurídicamente se vuelve todavía más inseguro.

Lo expliqué hace unos días en mis redes sociales: “Sin una ley del Congreso, la seguridad jurídica de este plan es prácticamente nula. Con una ley del Congreso, pasa de ser nula a ser baja, pero es aún insuficiente”.

Por otro lado, recordemos que las nuevas regulaciones propuestas por el gobierno no eliminan el delito de evasión, tampoco podrán hacerlo, sino que ayudan al ocultamiento de este. Es algo similar a no eliminar el delito de robo, pero sacar a la policía de la calle y eliminar la iluminación publica para que nadie pueda ver a quienes roban. Tanto en el primer caso como en el segundo, si quien comete el delito –no importa cómo ni por qué– es finalmente descubierto, ¡marche preso!

Vayamos un paso atrás: quienes sacan su riqueza del sistema lo hacen para proteger su patrimonio. ¿De qué? De la inseguridad. Esa inseguridad, en Argentina, incluye, pero no se limita a la voracidad fiscal, sino que abarca miedos varios asociados a la corrupción y a los antecedentes que al menos los mayores de 40 años lamentablemente ya conocemos: corralitos, plan bónex, confiscación de ahorros, una serie de inseguridades jurídicas que caracterizan al país. Podría mencionar, también, la inflación, que gracias a este gobierno ahora está más controlada, pero en Argentina prácticamente nadie saca sus ahorros del país por ese motivo.

El problema de un blanqueo es que lo único que resuelve es la necesidad de caja de un gobierno, o de flujo (momentáneo) de dinero de la economía. La cultura tributaria y la seguridad jurídica nunca se ven beneficiadas si esta búsqueda de capitales se da de manera recurrente. Suelo repetirme con esta pregunta: ¿quién va a querer pagar sus impuestos si sabe que cada tres o cuatro años se le va a dar la posibilidad de usar el dinero no declarado pagando poco, nada o apenas invirtiendo, sin explicar demasiado? De nuevo: puede servir para traer el dinero al país o sacarlo del colchón, pero jamás para mejorar la cultura tributaria o para elevar la seguridad jurídica.

Si contamos el que se avecina, aunque no se trate de una ley ni de algo demasiado formal, son siete blanqueos para cinco presidentes. Al único que no le hizo falta traer dólares al país o sacarlos del colchón, beneficiado por el valor soja de esos tiempos, fue a Néstor Kirchner.
Como dije, todos lo hicieron por una razón: necesitaban el dinero. “Esta vez es distinto”, claman los promotores o defensores de la propuesta del oficialismo.

Al escucharlos no puedo olvidarme de que ganó Alberto después de Macri; Biden después de Trump; Lula después de Bolsonaro; Boric después de Piñera; Rodríguez Zapatero y Sánchez después de Aznar y Rajoy; y más recientemente, Orsi después de Lacalle Pou.

Lo que viene

La decisión de impulsar un nuevo blanqueo informal es una señal negativa para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y una invitación permanente a la informalidad. Un riesgo para mí innecesario, un paso en la dirección incorrecta.

Y saben ustedes, saben todos que soy un gran impulsor de la reducción y quita de impuestos de todo tipo y color. Pero eso no significa atentar contra la recaudación de un Estado, sino hacerla eficiente: un cambio en la legislación impositiva, un sistema tributario más simple, más lógico, que permita que los pagadores de impuestos puedan vivir una vida sin que sientan que les roban de forma permanente. Es la única manera de que los argentinos –en este caso, pero vale para cualquier infierno fiscal– empiecen a confiar en el sistema. Un programa fiscal a largo plazo, que brinde estabilidad y confianza, que no cambie por capricho ni necesidad de turno, que lleve en definitiva a que los pagadores de impuestos dejen de esconder sus dólares.

Menos esfuerzo fiscal y mayor seguridad jurídica. Es el único camino que veo para que los manotazos de ahogado terminen de una vez, y con ellos termine también esta infructuosa búsqueda de prosperidad sostenida.