Hace algunos días participé como speaker en el 2024 Tax Annual Summit en Montevideo organizado por The 1841Foundation, de cual soy Chairman y fundador. Algunos de ustedes tal vez estuvieron ahí, ya que tuvimos una convocatoria notable, sin embargo entiendo que muchos, sobre todo los que no viven en Uruguay, no hayan podido asistir.

Este fue nuestro tercer summit, el evento insignia que crece constantemente y que en cada ocasión reúne a oradores de primer nivel, además de ofrecer múltiples instancias para hacer un poco de networking. Podría, en estas líneas, enumerar cada uno de los temas tratados, pero quiero detenerme en uno en particular: la competencia fiscal.

Dije en el summit, y lo repito para ustedes: “si 20 productores de vino en Uruguay deciden que el precio de venta es el mismo, es un delito; se llama cartelización. Ahora, si 20 países se ponen de acuerdo en que todos tienen que cobrar un 15% de impuestos… eso vale. ¿Vale?“ La pregunta es provocadora porque expone una realidad: mientras la competencia es fundamental en casi todos los aspectos de la vida, en el ámbito fiscal parece haberse eliminado.

Desde The 1841 Foundation trabajamos para combatir lo que llamamos cartelización fiscal y para promover la competencia entre jurisdicciones,  porque estamos convencidos de que la libertad para decidir cuánto cobrar de impuestos beneficia tanto a los países como a los contribuyentes.

Imaginen que todos los países pudieran decidir qué impuestos cobrar y cuánto cobrarlos. Imaginen, además, que dentro de esos países cada provincia o ciudad pueda elegir lo mismo: qué, cuánto, a quién. Imaginen que donde viven ustedes pagan más impuestos que en la provincia o ciudad de al lado. ¿En dónde pondrían una empresa, un negocio?¿Dónde elegirían vivir, si les fuera posible mudarse? ¿Y qué creen que harían los gobernantes de ese país, provincia o ciudad si muchos de sus habitantes se fueran a otro lado para pagar menos impuestos?

Exacto: tendrían que bajarlos para mantener la competitividad. La misma competitividad que necesita una empresa, que si ve que no vende porque la competencia tiene los precios más bajos, tendrá que bajarlos –o rezar para que algunos estén distraídos y compren igual allí–.

Esto, en esencia, es la competencia fiscal: dar libertad a los países y a las jurisdicciones para decidir su política tributaria sin imposiciones externas.

Por eso desde los grandes países y sus organizaciones (como la OCDE) se combate a las jurisdicciones offshore: porque no forman parte del circo, porque deciden ser jurisdicciones de baja o nula tributación y captan, así, a muchas personas o empresas que están cansadas, hartas de que les metan la mano en el bolsillo. ¿Qué pasaría si todos los países pudieran definir sus tasas impositivas, como lo hacen los considerados paraísos fiscales? Exacto: no existirían más esos paraísos.

La competencia fiscal, entonces, beneficia a los contribuyentes permitiéndoles elegir dónde vivir, invertir o estructurar su patrimonio. Si esto no ocurre es únicamente porque la libertad fiscal, para los grandes países, es una amenaza: ¿cómo van a financiar sus despilfarros, cómo van a sostener sus Estados inmensos sin el dinero de otros? ¿Cómo van a ejercer el control? De eso se trata.

A modo de definición, les comparto una pieza que hicimos hace un tiempo para las redes, como parte de una serie llamada The Litwak Dictionary:

Más allá de este tema, en The 1841 Foundation también defendemos el derecho a la privacidad y a la propiedad,  dos pilares fundamentales que están bajo amenaza. El uso de nuestros datos privados como instrumento de ataque o de exposición pública es una constante en muchos Estados, así como el avasallamiento de las libertades individuales.

Antes de dejarlos, los quiero invitar a participar de The 1841Foundation. Ya sea como miembros, ayudándonos a continuar nuestra labor, como aportantes, o compartiendo este newsletter y nuestros contenidos. Cualquier apoyo es valioso para impulsar esta batalla cultural.

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