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Espero que se encuentren bien, aunque si viven en LatAm ese “bien” puede llegar a ser relativo. De eso, justamente, les quiero hablar hoy. Del vivir “bien”.
Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un “mapa de la peligrosidad en el mundo”. En Latinoamérica, varios países son considerados directamente carentes de seguridad (México, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Honduras), en otros se recomienda precaución y se desaconseja transitar ciertas zonas (Argentina, Brasil, Ecuador y Perú entre ellos) y en unos más, tener “extrema precaución” al visitarlos (Chile y Paraguay, por ejemplo). Sólo Uruguay y Bolivia tienen una señal de alerta menor. Y a uno, por razones que cualquiera que lea los diarios entenderá, directamente se recomienda no viajar: Venezuela.
Eso se llama inseguridad. Y aunque inseguridad puede haber en cualquier lugar del mundo –ninguno está exento de delincuentes–, no es casual que ni un solo país de América Latina sea bien visto. Como sí pasa en otros puntos del mundo: Norteamérica (Canadá), Oceanía (Australia) y Europa (Francia, Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, entre otros) cuentan con territorios considerados, al menos por España, como poco hostiles.
Y ojo que la información que acabamos de compartir no parte de un prejuicio o un capricho de España. Recordemos que, de acuerdo con un informe emitido con fecha octubre de 2019, 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina y que, de acuerdo con otro, 3 de los 10 países donde se producen más secuestros también.
En 2013, México solo representó el 20% de todos los secuestros del mundo.
Esta situación se mantuvo sin mayores cambios en durante la pandemia.
En efecto, de acuerdo con un estudio confeccionado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal para 2020, 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en México. De hecho, las primeras 6 posiciones en dicho ránking son ocupadas por ciudades mexicanas: Celaya, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato, Ensenada y Uruapan.
Pero se imaginarán que yo no voy a hablarles de seguridad. O al menos no de la acepción más conocida de dicho término. Aunque es importante para el tema al que me dedico (nadie debería mantener su patrimonio en un lugar donde las chances de ser víctima de un robo, secuestro o asesinato son relativamente altas), hoy les quiero hablar de la inseguridad jurídica.
Podríamos decir, para resumir, que un país con seguridad jurídica respeta la Constitución y las normas jurídicas establecidas, deja la aplicación de esas normas en manos de autoridades realmente competentes, cuenta con independencia de poderes y, un detalle no menor, no modifica las reglas según cómo pegue el viento o el gobierno de turno. Se trata, por lo general, de países con pocas leyes que son además claras y se aplican en forma eficiente, a todos sus ciudadanos por igual. Al leer esto, ya estarán dándose cuenta de que en sus países esto no se cumple. Pero de todos modos vamos a hacer un breve repaso por algunas zonas del continente.
En Argentina acaban de celebrarse las elecciones legislativas. Elecciones que, sabemos los que conocemos ese país, no se traducirán en cambios importantes ni positivos. Nada se esperaba del gobierno peronista y, tras dos años en el poder, nada dio, más que una nueva persecución a los que generan y/o tienen riqueza. Nuevos impuestos. Nuevos controles. Nuevas restricciones. Menos libertades. El triunfo legislativo de la oposición, liderada por el PRO de Mauricio Macri, tampoco es una esperanza, o al menos no debería serlo: en cuatro años de gobierno no intentó hacer las transformaciones necesarias y sus turbulencias internas, entre los más “progresistas” y los más “conservadores”, no pueden augurar un mejor futuro.
Mucha gente destaca las luchas intestinas dentro del Frente de Todos. ¿Y qué pasa con las que existen en Juntos por el Cambio? ¿O me van a decir que esperan lo mismo de un gobierno de Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal, Manes, Lousteau, Monzó, que de otro donde sus principales figuras sean Bullrich, López Murphy, Patiño, Petri, Iguacel, Torello, etc.?
Tal vez lo destacado de estas elecciones sea la llegada de dirigentes liberales al Congreso, por primera vez en muchos años, para llevar esa voz al palacio legislativo. Es poco, de todas maneras, para frenar lo que lleva décadas: una intromisión permanente del Estado en todos los ámbitos de la vida de las personas, la imposibilidad de planificar a mediano plazo cualquier acción vinculada al comercio, a la industria, a la actividad financiera, sin caer en devaluaciones, confiscaciones o bruscas modificaciones en las reglas. De más está decir que un país que no permite el libre cambio de moneda no es un país en el que se pueda confiar para hacer negocios.
Del otro lado de la Cordillera no se está mucho mejor. Si bien Chile es un país con otra base, la inestabilidad política lleva años, con giros hacia la izquierda, y en las últimas semanas el pedido de juicio político al presidente Sebastián Piñera generó un caos mayor. Aprobado por la Cámara de Diputados, el pedido fue rechazado por el Senado esta semana, a días de los comicios presidenciales. ¿Alguien puede pensar que Chile es, hoy, un país estable? ¿Alguien puede prever algo de su futuro? Y ni hablemos de cómo están destruyendo el sistema previsional y del mamarracho que va a ser su nueva Constitución.
La Bolivia gobernada por Luis Arce y Evo Morales tampoco está para celebrar su democracia. A un año de su asunción, fue abucheado por los representantes legislativos en el Congreso y enfrenta masivas protestas de los ciudadanos por la propuesta de que el Estado pueda incautar bienes y eludir los secretos financieros. El temor del pueblo boliviano tiene nombre y apellido: no quieren ser como la Venezuela de Maduro.
Perú no se encuentra mucho mejor, en Colombia está siempre el riesgo de que en algún momento gane finalmente Petro, El Salvador es gobernado por un dictador en potencia, etc.
En más noticias “frescas”, Daniel Ortega fue, por cuarta vez consecutiva, proclamado presidente de Nicaragua, a pesar de que cuatro decenas de cancilleres de distintos lugares del mundo denunciaron fraude en el proceso electoral, y -por sobre todas las cosas- a pesar de las gravísimas denuncias que pesan sobre el gobierno por violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. Dato de color: el ex guerrillero montonero Mario Firmenich fue uno de los “veedores” responsables de asegurar la “transparencia” de la elección.
Éstas son apenas unas muestras de lo que está pasando en América Latina, sin adentrarnos demasiado y sin tocar, desde ya, el caso extremo de Venezuela. La importancia de recordar esto reside en algo de lo que ya hemos hablado: la inestabilidad política genera inseguridad jurídica.
De nuevo: la inestabilidad política genera inseguridad jurídica.
Y eso hace difícil poder prever ya no el futuro, sino en muchos casos atravesar el presente. Ante esta situación, se torna inevitable pensar en alternativas. Así como muchos ciudadanos piensan en cambiar de residencia (Uruguay, España y Miami, en Estados Unidos, son los sitios preferidos), muchísimos otros deciden proteger sus activos con estructuras seguras, con herramientas probadas, en muchos casos aprovechando los beneficios de los denominados “paraísos fiscales”.Como vengo repitiendo hasta el hartazgo, no existirían los paraísos fiscales sin inseguridad jurídica ni infiernos tributarios. LatAm tiene todo junto: inestabilidad, inseguridad, alta tributación.
Para combatirlas es imprescindible tener estabilidad. Que las cosas no cambien cada cuatro o dos años, y menos que menos en meses, y menos aun, de manera retroactiva, como sucede con algunas normas tributarias. Y para cuidarse, la solución es planificar: estructurar patrimonios de forma tal que las turbulencias nos afecten lo menor posible. O buscar mejores rumbos. La salida, lamentablemente para nosotros o para nuestro patrimonio, muchas veces está en el aeropuerto.